Amenazan a dos ONG por respaldar proceso autonómico en Huacaya
Boletín N° 24.
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Amenazan a dos ONG por respaldar proceso autonómico en Huacaya
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la Fundación “Acción Cultural Loyola” (ACLO) fueron amenazadas por su labor en favor del proceso autonómico del territorio indígena de Huacaya en Chuquisaca. Según la directora del CIPCA, Pamela Cartagena, y el Coordinador del Programa NINA de UNITAS, Walter Limache, son grupos “minoritarios” de campesinos que, junto a cívicos y autoridades municipales, quieren impedir el establecimiento de esta autonomía indígena. Anunciaron que continuarán con su labor de apoyo a la consolidación de esta autonomía indígena.
En un documento firmado el 22 de agosto pasado, organizaciones sociales del chaco chuquisaqueño (Federación de Campesinos, Central de Campesinos, Bartolinas Sisas, Comité Cívico y Sector Productivo) denunciaron “irregularidades” en el proceso autonómico de Huacaya y Macharetí en Chuquisaca y demanda “el retiro inmediato de las ONG, CIPCA y ACLO de la región del Chaco”. También exige la destitución total de todo el equipo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Departamental Electoral.
Además, los campesinos demandan los informes de avance de la autonomía indígena de ambos territorios indígenas y recomiendan al Órgano Electoral iniciar un “proceso autonómico con participación de todas las comunidades”.
Para Cartagena, son grupos de personas que se oponen a la autonomía indígena de Huacaya y se alzan la representación de “todo el pueblo campesino”, cuando, precisó, no es así. Además, mencionó que las amenazas no son recientes, sino que datan de meses atrás en las que se entorpeció el trabajo no sólo de CIPCA, sino también de las autoridades y funcionarios del Órgano Electoral.
“Son grupos minoritarios. Nosotros vamos a seguir trabajando, de hecho, nuestros equipos siguen interactuando con las capitanías”, enfatizó Cartagena en entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS. Acotó que CIPCA no sólo acompaña el proceso autonómico de Huacaya, sino también trabaja en ámbitos productivos con los pobladores de ese territorio.
En la misma línea, el Programa NINA de UNITAS también es parte de las organizaciones que acompañan las autonomías indígenas en el Chaco. Walter Limache, coordinador de este programa, mencionó que estas amenazas hacia las ONG y el SIFDE buscan impedir la elección de nuevas autoridades para Huacaya, que está establecido en su estatuto autonómico que cuenta con Declaración Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional y la aprobación del Tribunal Supremo Electoral.
“El objetivo de estos grupos es impedir que se materialice la elección de autoridades por procedimientos propios de la autonomía indígena de Huacaya”, precisó Limache. Explicó que, de elegirse nuevas autoridades indígenas, el actual alcalde y los concejales del municipio cesan en sus funciones y traspasan el poder de gobierno a las autoridades de la Autonomía Indígena Originario Campesino Guaraní Chaqueño de Huacaya. De ahí que, mencionó, hay “intereses políticos” que procuran impedir este proceso.
Con relación al aporte que ACLO, CIPCA y otras instituciones de apoyo como el Programa NINA dieron al proceso autonómico en Huacaya, mencionó que es un trabajo de acompañamiento técnico y jurídico. “Todo lo que se ha hecho hasta ahora no se sale del marco jurídico, que está reforzado con la demanda legítima del pueblo guaraní, en consecuencia, no hay razones para que se pueda pedir la salida de nadie, pues se actúa en el marco de la legalidad, el rol que cumplen las instituciones no es más que apoyar, acompañar y fortalecer los procesos de la reforma del Estado, que reconoce a los Territorios de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos como nuevas entidades territoriales”, explicó.
El dirigente del Pueblo Guaraní, Julio Chumira, rechazó la resolución de la Federación de Campesinos del Chaco y defendió el trabajo que vienen realizando CIPCA y ACLO. “Cómo puede un sector que no vive con nosotros decir que se vayan, si nosotros vivimos en armonía con estas instituciones (…) Estas instituciones están trabajando bien con nosotros, y los vamos a defender”, dijo Chumira en un reporte de Correo del Sur.
El pasado 19 de agosto, el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, considerada la máxima instancia de representación del pueblo Guaraní, emitió una resolución a través de la cual resolvió apoyar el proceso autonómico de Huacaya, además de demandar a la Federación de Campesinos de Chuquisaca “respeto” al proceso autonómico y exigió al Estado “garantizar el debido proceso para concluir de manera democrática y pacífica la elección de autoridades en Huacaya”.
El Tribunal Supremo Electoral aprobó en abril pasado la resolución 152/2022, por la cual se pone en vigencia el Estatuto de la Autonomía Indígena Originario Campesino Guaraní Chaqueño de Huacaya, con lo que se dio nacimiento a la autonomía de este territorio, que encaminó su proceso el 6 de diciembre de 2009, con el referendo en el que aceptaron convertirse en una autonomía indígena.
Para el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, el vínculo entre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y la defensa de derechos es indiscutible, cuando se obstaculiza este derecho, no sólo restringe la libertad de asociación, sino que obstruye la labor de promoción y defensa de los derechos humanos. Para cumplir esa labor, es fundamental que las personas que ejercen el derecho a la libertad de asociación puedan actuar libremente, sin temor a posibles amenazas, actos de intimidación o violencia, en ese sentido, el Estado tiene el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra.
¿Qué es un defensor de derechos?
Los defensores son individuos, grupos e instituciones que promueven o procuran la realización efectiva de Derechos Humanos y libertades fundamentales. Son esenciales para la vigencia de la democracia y las políticas de mejora de las condiciones sociales, y económicas. El trabajo de promoción y protección que realizan las y los defensores les coloca en una situación de vulnerabilidad y alto riesgo frente a los intereses estatales y privados.
La situación de las libertades fundamentales en Bolivia
Puede visitar el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS para conocer datos actualizados sobre el estado de las libertades fundamentales en Bolivia, tales como la libertad de expresión, de prensa, de asociación o de reunión pacífica, o el derecho a la protesta o de otros grupos específicos.
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