Carta del viceministro Torrico devela violación a la libertad de asociación
Boletín N° 27.
Bienvenidas y bienvenidos al boletín N°27 de Alerta Común, un espacio de denuncia a vulneraciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Bolivia, elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
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Carta del viceministro Torrico devela violación a la libertad de asociación
El 20 de octubre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) exhibió una carta firmada por el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, dirigida a Edgar Salazar, quien se atribuye la representación de esta organización, en la que se devela una “violación a la libertad de asociación” de la APDHB, cuya presidenta es Amparo Carvajal.
La carta de Torrico hace mención explícita a que “se tomarán las acciones necesarias para sanear el bien en cuestión”, haciendo referencia a la oficina central de la APDHB que se ubica en la avenida 6 de agosto de la ciudad de La Paz, la cual pretende ser tomada por Salazar y afines al MAS.
Para la APDHB, esa carta evidencia una “intención explícita” de ese Viceministerio de inmiscuirse de “forma totalmente ilegal y fuera del marco de sus atribuciones” en el funcionamiento de una organización defensora de derechos, según se lee en una carta que esta institución envió a la Defensoría del Pueblo para que active mecanismos institucionales para investigar este hecho.
Además, la carta de Torrico hace mención a que el caso es de conocimiento e involucramiento del Ministerio de Justicia, lo cual, también, “promueve y facilita el paralelismo de una organización defensora de derechos”. Esto “lacera el vínculo indiscutible que existe entre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y la defensa de derechos”, denuncia la APDHB.
La APDHB citó las atribuciones del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental contenidas en el Decreto Supremo N° 29894 del 25 de enero de 2009, en la que ninguna tiene el alcance que actualmente está ejerciendo en el presente caso, donde se muestra su injerencia para posibilitar la toma de la APDHB.
El Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS ha identificado un total de 45 vulneraciones a las personas y organizaciones defensoras de derechos entre enero y septiembre del presente año. Varias de éstas fueron cometidas en contra de la APDHB, por ejemplo, cuando afines al MAS, encabezados por Salazar, tomaron un inmueble de esta institución ubicado en la calle Oruro de la ciudad de La Paz; o el desconocimiento del Servicio de Impuestos Nacionales a Carvajal como representante legal de la APDHB; o cuando fue retenida en una visita a las familias de la comunidad El Cajón de Tariquía.
Para el Observatorio de Defensores, el derecho a la libertad de asociación garantiza el rol activo y participativo de la sociedad en los asuntos de interés público, entre los que priman la promoción y defensa de los derechos humanos frente a las vulneraciones cometidas por el Estado.
En el marco de los estándares internacionales, “la obligación de respetar requiere que los Estados se abstengan de interferir indebidamente en el ejercicio de estas libertades fundamentales. Esto incluiría abstenerse de realizar actos que, intencionadamente o no, supriman la acción colectiva y amplifiquen las barreras preexistentes para quienes desean participar en el desarrollo”[1], no obstante, periódicamente se observa la intromisión del Órgano Ejecutivo en diversos ámbitos, incluso en el privado, especialmente cuando se alzan voces de protesta o denuncia en contra del poder público. La APDHB durante este último tiempo fue blanco de permanentes vulneraciones que amenazan el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación, generando un entorno restrictivo y coercitivo para la protección de los derechos humanos.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de asociarse, para los defensores de derechos humanos “[...] constituye una herramienta fundamental que permite ejercer de forma plena y cabal la labor de éstos [las defensoras y defensores de los derechos humanos], quienes de manera colectiva pueden lograr mayor impacto en sus tareas. En consecuencia, cuando un Estado obstaculiza este derecho, en cualquiera de sus esferas, no sólo restringe la libertad de asociación, sino que obstruye la labor de promoción y defensa de los derechos humanos [...]. El derecho de asociación, debe entenderse no sólo como el derecho que tienen las defensoras y defensores de conformar una organización, sino también como el derecho de poner en marcha su estructura interna, programas y actividades”[2]
[1] Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación – Asamblea General de Naciones Unidas, A/74/349, 2019, párrafo 16
[2] Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las américas OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev.1, 7 marzo 2006, párr. 69 y 70.
¿Qué es un defensor de derechos?
Los defensores son individuos, grupos e instituciones que promueven o procuran la realización efectiva de Derechos Humanos y libertades fundamentales. Son esenciales para la vigencia de la democracia y las políticas de mejora de las condiciones sociales, y económicas. El trabajo de promoción y protección que realizan las y los defensores les coloca en una situación de vulnerabilidad y alto riesgo frente a los intereses estatales y privados.
La situación de las libertades fundamentales en Bolivia
Puede visitar el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS para conocer datos actualizados sobre el estado de las libertades fundamentales en Bolivia, tales como la libertad de expresión, de prensa, de asociación o de reunión pacífica, o el derecho a la protesta o de otros grupos específicos.
De nuestro periódico digital Sumando Voces:
Organizaciones construyen una política pública para la protección de defensores de derechos
Se registran 112 vulneraciones al derecho a la protesta en ocho meses
Gracias
El boletín Alerta Común es producido por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
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