Caso APDHB: El Estado puede incurrir en responsabilidad internacional al no adoptar medidas razonables para proteger a personas y organizaciones defensoras
Boletín N° 34
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Caso APDHB: El Estado puede incurrir en responsabilidad internacional al no adoptar medidas razonables para proteger a personas y organizaciones defensoras
Luego de 10 días de acaecida la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), se han registrado al menos siete irregularidades y vulneraciones cometidas en contra de esta organización y su presidenta Amparo Carvajal, quien mantiene una vigilia en las afueras de la sede de la APDHB.
A la toma perpetrada por grupos afines al MAS encabezados por Edgar Salazar, se suma el rol que asumió la Policía en este conflicto, los intentos de desalojo de la vigilia de Amparo Carvajal, la postura de la Defensoría del Pueblo o los amedrentamientos que recibieron periodistas por cubrir la toma de la infraestructura.
Debido a estas situaciones, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional al no adoptar medidas razonables para proteger a personas y organizaciones defensoras de derechos. A continuación, un recuento de las irregularidades.
Toma de la APDHB
El pasado 2 de junio, decenas de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) tomaron la sede de la APDHB, retiraron del lugar a las personas que trabajan allí, bloquearon la puerta e impidieron el paso de defensores de derechos que intentaron frenar esta arremetida. Edgar Salazar, representante de la organización paralela y afín al MAS, dirigió la arremetida.
Rol de la Policía
El mismo viernes en que se tomaron las instalaciones de la APDHB, la Policía se hizo presente, no obstante, brindó resguardo a quienes estaban dentro, impidiendo que defensoras y defensores puedan recuperar estas instalaciones, entre ellas Amparo Carvajal. Incluso evitaron que un cerrajero pueda abrir la puerta principal de la sede.
“La Policía nos ha indicado que no van a permitir el ingreso de cerrajero hasta que no tenga una orden superior y bajo ese alineamiento nosotros entendemos que es el señor Ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) quien está brindando protección a Salazar y Cruz”, denunció la abogada Carmen Arista.
Sin apoyo de las víctimas de Senkata
El lunes 5 de junio, Salazar brindó una conferencia de prensa en la que precisó que las víctimas de Senkata y Sacaba apoyaron lo que él denomina “una recuperación de nuestros ambientes”. No obstante, días después, a través de un comunicado, la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata” rechazó y repudió el uso de su nombre por el grupo que encabeza Salazar y negó que apoyaron este accionar.
“Rechazar y repudiar la gran mentira de que nosotros estuvimos apoyando la toma de la Casa de los Derechos Humanos”, se lee en su voto resolutivo, en el que, además, prohíben a las dos partes usar el nombre de la asociación para justificarse ante la opinión pública.
Huelga e intento de desalojo
Luego de la toma de la APDHB, Amparo Carvajal decidió entrar en una vigilia el mismo viernes con la finalidad de recuperar la Casa de los Derechos Humanos. A tiempo de instalar su medida de protesta, llamó a la Policía a que la proteja.
La noche del 6 de junio, “tres grupos violentos” del MAS intentaron levantar la vigilia encabezada por Carvajal, según un reporte del diario Página Siete.
Pese a estas arremetidas, Carvajal continúa su lucha pese a su estado de salud. La presidenta de la APDHB comentó que enfrenta un cáncer que se ha reactivado en su cuerpo y debido a su medida ya se desvaneció dos veces, según el exconstituyente Filiberto Escalante, quien acompaña a Carvajal.
Defensoría ve una vigilia y no una toma
La Defensoría del Pueblo se refiere a este conflicto no como una toma de la institución, sino como una “vigilia” que realizan, por un lado, los seguidores de Salazar, y por el otro la que emprende Amparo Carvajal. Instó a ambas partes a encaminar un diálogo para resolver el problema.
“Como Defensoría del Pueblo nos hemos constituido en el punto donde están haciendo vigilia en el edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de acuerdo con una evaluación que hemos hecho con el médico, pudimos verificar que dos personas que están en vigilia están estables y no tienen mayor complicación en su salud”, informó el Coordinador de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, Francisco Rodríguez, con relación a la vigilia de dos personas que responden a Salazar.
Periodistas impedidos de cubrir
Según la Asociación Nacional de la Prensa, reporteros que fueron a cubrir la toma de la APDHB fueron impedidos de realizar su trabajo y, además, fueron amenazados y hostigados por las personas que perpetraron ese hecho, quienes impidieron tomar fotografías y grabar, bajo la advertencia de iniciar procesos judiciales por difundir sus imágenes.
La semana pasada, UNITAS constató que los policías que se apostaron en las afueras de la APDHB rodearon a Carvajal e impidieron que tenga contacto con los medios de comunicación.
Senadora denuncia que funcionarios ingresaron a la APDHB
La senadora Cecilia Requena denunció que el 2 de junio, funcionarios que pertenecerían a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Salud ingresaron a la APDHB luego de la toma. Tal situación la tiene registrada en un video que subió a sus redes sociales, en las que califica a estas personas como grupos de choque del MAS.
“Yo estaba en el pasaje que da a la JJ (calle Juan José) Pérez y tengo videos de los funcionarios estatales entrando a ocupar la Asamblea”, dijo la asambleísta.
Niegan acción de libertad
El 12 de junio, la jueza cuarta de instrucción en lo penal, Ximena Palacios, negó la acción de libertad presentada por Carvajal en contra del Ministerio de Gobierno y del comandante departamental de la Policía, por la falta de acción en contra del allanamiento cometido por los seguidores de Salazar y que ponen en riesgo la vida de la presidenta de la APDHB.
Para la jueza, estas acciones u omisiones del Ministerio de Gobierno y de la Policía, que se instaló en las puertas de la APDHB desde el día de la toma, no representan peligro para la salud de Carvajal.
Análisis
A partir de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, éste puede incurrir en responsabilidad internacional al no adoptar medidas razonables para prevenir estas agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos[1]. La CIDH ha señalado que actos de violencia, amenazas y hostigamientos en su contra tienen usualmente como objetivo disminuir su capacidad física y mental, así como amedrentarlos para evitar que continúen con sus labores, lo cual conlleva a una afectación a su derecho a la integridad personal[2], asimismo ha resaltado que “la obligación del Estado no se limita a proporcionar medidas materiales a efectos de proteger (…) [las personas defensoras de derechos humanos], sino que conlleva la obligación de actuar sobre las causas estructurales que afectan [su] seguridad”[3].
De manera vinculante para los Estados de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las actividades de vigilancia, denuncia y educación que realizan las personas defensoras de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad, los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que estos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad[4].
[1] CIDH. Casos 12.595, 12.596 y 12.621. Informe No. 86/13, Fondo. Ana Teresa Yarce y Otras (Comuna 13), Colombia. 4 de noviembre de 2013. Párrs. 276.
[2] Ibid
[3] CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006. Párr. 47
[4] Corte IDH. Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Serie C No. 447, párr. 100
La situación de las libertades fundamentales en Bolivia
Puede visitar el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS para conocer datos actualizados sobre el estado de las libertades fundamentales en Bolivia, tales como la libertad de expresión, de prensa, de asociación o de reunión pacífica, o el derecho a la protesta o de otros grupos específicos.
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