Identifican 26 vulneraciones a derechos y libertades cometidas por la Policía luego de la aprehensión de Camacho
Boletín N° 30.
Bienvenidas y bienvenidos al boletín N°30 de Alerta Común, un espacio de denuncia a vulneraciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Bolivia, elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
Si aún no está suscrito al boletín, puede hacerlo a través del siguiente botón:
Identifican 26 vulneraciones a derechos y libertades cometidas por la Policía luego de la aprehensión de Camacho
De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, la Policía es el sector que cometió el mayor número de vulneraciones a las libertades fundamentales y el derecho a la protesta durante los conflictos suscitados por la aprehensión y posterior reclusión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que acaeció el 28 de diciembre y generó una ola de protestas y manifestaciones en la capital oriental y en otras ciudades.
El Observatorio identificó un total de 45 vulneraciones cometidas en contra de la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la protesta y la institucionalidad democrática entre el 28 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, de las cuales, 26 de estos hechos (58%) fueron cometidos por la Policía en episodios caracterizados por el uso excesivo y desmedido de la fuerza.
De estos 26 hechos, 14 son vulneraciones al derecho a la protesta (represiones, heridos e incumplimientos al deber de protección), siete a la institucionalidad democrática (procedimientos adecuados a la norma y actos contrarios al ejercicio de derechos) y cinco a la libertad de prensa (agresiones a periodistas).
En lo relacionado a las 14 vulneraciones de la Policía al derecho a la protesta, resaltan las diferentes represiones ejecutadas en contra de personas movilizadas en la ciudad de Santa Cruz que exigían la libertad de Camacho y que se dieron, principalmente, en la zona del monumento al Cristo Redentor, cercana al comando departamental de la Policía. Cabe mencionar que el Observatorio no registra como represión las protestas que derivaron en la quema de instituciones públicas.
En esta categoría, además, se hace notar el incumplimiento al deber de protección de la Policía en casos como el ocurrido en La Paz, cuando el pasado 10 de enero se evidenció la inacción de efectivos del verde olivo para evitar el enfrentamiento entre cívicos paceños y personas afines al Movimiento Al Socialismo en la zona Sur de La Paz y la plaza Abaroa en Sopocachi.
Para el Observatorio, el derecho a la protesta vincula los derechos fundamentales a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la conducción de asuntos públicos, dada su trascendencia para el fortalecimiento de las democracias. El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas posibles para proteger a los participantes y permitir que la reunión se celebre de manera ininterrumpida. Asimismo, debe investigar, juzgar y sancionar los actos de violencia que se generen en contexto de manifestaciones.
Sobre las siete vulneraciones contra la institucionalidad democrática, destacan casos como la violencia con la que se aprehendió al gobernador de Santa Cruz, los excesos de efectivos policiales en las represiones: disparos a quemarropa, destrucción de bienes privados (una motocicleta), uso excesivo de la fuerza en la detención de manifestantes o el uso de gases lacrimógenos vencidos, ésta última de acuerdo con la denuncia de las diputadas María José Salazar y Fabiola Guachalla.
La institucionalidad democrática es un presupuesto indispensable para el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales, que implica la separación, independencia y equilibrio de órganos, así como el ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad. La institucionalidad también implica el cumplimiento de las normas y el respeto a las garantías judiciales y el debido proceso, recuerda el Observatorio.
En torno a las cinco trasgresiones a la libertad de prensa, la totalidad de éstas refieren a casos en que la Policía se convierte en el agresor directo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, así se observó, por ejemplo, el 30 de diciembre, cuando Roger Ramos y su camarógrafo Joel Orellana, ambos de UNITEL, fueron víctimas de policías que dispararon sus armas de reglamento en contra de la humanidad de ambos; o el caso del camarógrafo José Enrique Tarqui que recibió el impacto de balines disparados por la Policía. En la clínica le extrajeron cinco de éstos del cuerpo. Los otros dos casos nuevamente tienen que ver con dos trabajadores de UNITEL: Miguel Ángel Rivero y su camarógrafo Joel Orellana, ambos fueron golpeados por un grupo de policías.
No obstante, las agresiones contra periodistas durante el conflicto son más elevadas. El Observatorio registró un total de 18 vulneraciones directas contra periodistas, trabajadores y medios de comunicación entre el 28 de diciembre y el 10 de enero, donde no sólo la Policía es la transgresora de la libertad de prensa, sino también personas particulares o grupos de personas. En estos casos figura la vulneración del incumplimiento al deber de protección de periodistas, que se hace evidente cuando la Policía no actúa en defensa de los trabajadores de los medios de comunicación, como sucedió en diferentes protestas en Santa Cruz y éstas últimas realizadas en la zona Sur de la ciudad de La Paz.
De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “...las labores periodísticas y las actividades de prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso”.
En ese marco, el Estado tiene la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección. Asimismo, debe investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores, ello implica actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico, efectuar investigaciones en un plazo razonable, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados.
Para conocer cada uno de los casos desglosados en el presente boletín, puede ingresar al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS en la siguiente dirección: https://redunitas.org/observatorio/
¿Qué es un defensor de derechos?
Los defensores son individuos, grupos e instituciones que promueven o procuran la realización efectiva de Derechos Humanos y libertades fundamentales. Son esenciales para la vigencia de la democracia y las políticas de mejora de las condiciones sociales, y económicas. El trabajo de promoción y protección que realizan las y los defensores les coloca en una situación de vulnerabilidad y alto riesgo frente a los intereses estatales y privados.
La situación de las libertades fundamentales en Bolivia
Puede visitar el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS para conocer datos actualizados sobre el estado de las libertades fundamentales en Bolivia, tales como la libertad de expresión, de prensa, de asociación o de reunión pacífica, o el derecho a la protesta o de otros grupos específicos.
De nuestro periódico digital Sumando Voces:
Reportan 57 casos en que defensores de derechos humanos en Bolivia sufrieron ataques
Infiltrados, grupos de choque y detenciones masivas cercenan el derecho a la protesta en Bolivia
Gracias
El boletín Alerta Común es producido por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
Si tiene denuncias sobre vulneraciones a defensores de derechos puede contactarse con el Observatorio a través de:
Celular: 73238504
Correo electrónico: comdigital@redunitas.org
El sitio web: https://redunitas.org/observatorio/
Nuestros contactos:
Hasta la próxima.