Infiltrados y afines al MAS hostigan a Amparo Carvajal con aquiescencia de la Policía
Boletín N° 37
Bienvenidas y bienvenidos al boletín N°37 de Alerta Común, un espacio de denuncia a vulneraciones de las libertades fundamentales en Bolivia, elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
Si aún no está suscrito al boletín, puede hacerlo a través del siguiente botón:
Infiltrados y afines al MAS hostigan a Amparo Carvajal con aquiescencia de la Policía
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, continúa bajo acoso en su protesta pacífica por la recuperación de la Casa de los Derechos Humanos. Este 20 de julio, luego de cumplir 10 días de vigilia en la terraza de esta organización, Carvajal fue víctima de hostigamiento de parte de tres mujeres que se instalaron a dos metros de ella y que buscan arrinconarla en su medida de protesta. Se trata de personas afines a Edgar Salazar, quien se autoproclama como presidente de la APDHB.
Aproximadamente a las 14.20 de este jueves, estas tres personas ingresaron a la terraza de la APDHB con la aquiescencia de la Policía, que a lo largo de estos 10 ha impedido que personas defensoras de derechos y otras suban a acompañar a Carvajal. Estas tres personas, pese a la insistencia de la prensa de saber quiénes son, no se identificaron y una se limitó a decir que era parte del grupo de Edgar Salazar. Las tres mujeres tienen el rostro cubierto con barbijos y sombreros.
Las personas defensoras de derechos que acompañan a Carvajal en su vigilia en puertas de la APDHB reiteradamente exigieron a la Policía brindar explicaciones de porqué dejaron a estas personas ingresar a la terraza, cuando se impide a otras personas hacer lo mismo, pero no recibieron respuesta certera. Son aproximadamente 40 policías que impiden a Carvajal y a otros defensores ingresar a la APDHB, que está tomada por Salazar desde el pasado 2 de junio.
No se cumple orden judicial
Para la APDHB, el hostigamiento que sufre Carvajal de parte de estas tres mujeres incumple lo que el pasado 12 de julio, en el marco de una acción de libertad, dictaminó el Juzgado de Sentencia Penal Primero de La Paz, que ordenó a Salazar que se inhiba de amedrentar, insultar y acosar a Amparo Carvajal.
“Hacemos responsable al Estado, a sus ministerios de Gobierno y Justicia, de cualquier daño que pueda ocasionarse a la presidenta de la APDHB, ante esto, como Comité Ejecutivo Nacional seguiremos haciendo las acciones necesarias a nivel nacional e internacional”, se lee en un pronunciamiento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de la APDHB.
La orden judicial determina que Amparo Carvajal tiene el derecho al uso del baño y la movilización en ese espacio de la Casa de Derechos Humanos, por lo que Salazar debe dar acceso a esos ambientes.
Por otra parte, este viernes Carvajal se percató que las huelguistas seguidoras de Edgar Salazar usaron sin permiso el baño portátil que las personas que apoyan a Carvajal consiguieron para ella.
La acción de libertad, al ser un mecanismo de orden constitucional de protección inmediata, tanto para el derecho a la vida como para la libertad física, tiene un trámite sumario, debe carecer de requisitos formales, y las resoluciones que se emitan deben ejecutarse inmediatamente.
Por ello, se constituye en un medio eficaz para limitar el poder del Estado, pues es un freno al exceso, el abuso y la arbitrariedad, el incumplimiento de una resolución que resuelve este tipo de acción lesiona enormemente la institucionalidad democrática y el estado de derecho y profundiza la impunidad.
Visita de comitiva gubernamental
Una comitiva médica del Hospital de Clínicas, encabezada por la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, visitó ayer a Carvajal. La autoridad tuvo que subir por una escalera para llegar hasta Carvajal y las otras tres mujeres que están en la terraza.
Tanto Carvajal como las personas defensoras de derechos presentes allí exigieron a la autoridad ingresar por la puerta. “A la viceministra le he pedido que ingrese por la puerta y por la escalera. Cómo un señor (Edgar Salazar) puede ser más poderoso que todo el Estado”, observó Carvajal, quien no tiene acceso al baño desde que inició su protesta hace 10 días.
Respecto a su salud, el médico particular de Carvajal informó que ella rechazó la valoración médica de las autoridades de Gobierno “para evitar el asedio, agresión de personal de salud de instituciones que la quieren obligar a realizarse el examen, aduciendo que ‘porque le puede ver su médico personal y no ellos’, vulnerando el derecho de recibir atención médica por el personal de elección y no imponiéndole”.
Medios de comunicación
Los medios de comunicación continúan sin poder acercarse a Carvajal. Ayer nuevamente la Policía impidió que periodistas puedan entrevistar a la presidenta de la APDHB, pero no objetó que funcionarios de comunicación gubernamental suban hasta la terraza de la Casa de los Derechos Humanos para registrar la visita que realizó la viceministra.
En el marco de la libertad de prensa, las y los periodistas deben poder acceder a toda información de interés público, con el propósito de difundirla entre la población. Al discriminar a determinados medios de comunicación impidiendo su acceso para entrevistar a la señora Carvajal, el Estado está vulnerando, por un lado, el derecho de éstos de transmitir información e ideas relativas a asuntos de interés público, y por otro, el derecho de la sociedad de recibirlas.
En la Opinión Consultiva OC-05/85, la Corte Interamericana afirmó: “la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente”[1].
Infiltrados
En diferentes días de la movilización, las personas defensoras de derechos que hacen vigilia en la APDHB han observado que personas infiltradas del gobierno se han sumado a la protesta y llegan para registrar con sus cámaras a todos quienes están en la protesta.
Este jueves, por ejemplo, una funcionaria del Ministerio de Gobierno, que fue identificada por las personas defensoras de derechos, intentó acercarse a Carvajal bajo la excusa de ser periodista, aunque no mencionaba de qué medio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que una protesta social puede manifestarse de muy diversas formas y en las Américas se conocen algunos como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan muchas de estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos”[2].
En el momento concreto en que ocurre una protesta, la intervención del Estado debe prestar especial atención a los deberes de protección y facilitación, según la CIDH, los Estados tienen la obligación de “Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de aplicar a los manifestantes tratos crueles, inhumanos o degradantes, privarlos de su libertad arbitrariamente, o de violar sus derechos en cualquier otra forma”[3].
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-05/85, párrafo 31.
[2] CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15 31 diciembre 2015, párr. 131
[3] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, párrafo 335
La situación de las libertades fundamentales en Bolivia
Puede visitar el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS para conocer datos actualizados sobre el estado de las libertades fundamentales en Bolivia, tales como la libertad de expresión, de prensa, de asociación o de reunión pacífica, o el derecho a la protesta o de otros grupos específicos.
De nuestro periódico digital Sumando Voces:
Gracias
El boletín Alerta Común es producido por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
Si tiene denuncias sobre vulneraciones a defensores de derechos puede contactarse con el Observatorio a través de:
Correo electrónico: comdigital@redunitas.org
El sitio web: https://redunitas.org/observatorio/
Nuestros contactos:
Hasta la próxima.