Procesan a cinco defensores del parque Aguaragüe por su defensa de la consulta previa

Boletín 1. Además, hay riesgos latentes por las listas de odio que circulan en contra de periodistas.

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Temario:

  • Procesan a defensores del parque Aguaragüe

  • Criminalizan a defensores del pueblo Leco

  • Los riesgos latentes por las listas de odio contra periodistas

  • Rechazo al desalojo de activistas de plaza Murillo

  • Amedrentamiento contra Waldo y Franco Albarracín


Procesan a cinco defensores del parque Aguaragüe por su defensa de la consulta previa

Durante los últimos meses, al menos cinco defensores de Derechos Humanos de la zona de Aguaragüe, Tarija, fueron hostigados por la empresa YPFB Chaco, tras haber denunciado los daños cometidos por la empresa como consecuencia de las actividades extractivas en el lugar, al no haber cumplido con el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, sin tener siquiera contacto con los comunarios. Asimismo, la actividad petrolífera contamina los bancos de agua de la zona, limitando el acceso de las comunidades a este factor de vida.

El Ministerio de Hidrocarburos, responsable de asegurar el cumplimiento de los procesos respecto a las actividades hidrocarburíferas, se mantuvo ausente de la zona, por lo que los defensores reclamaron a funcionarios de Chaco, quienes se negaron a cumplir con la norma que los regula.

Tras las protestas, la empresa inició procesos penales contra los cinco defensores, quienes, a la fecha, se encuentran con medidas cautelares, a la espera de los procesos que instauraron por cumplir con su derecho a defender derechos. El accionar de la empresa está avalado por los operadores de justicia, que además de continuar con los procesos penales, no dan cuenta de las faltas y violaciones cometidos contra los procedimientos legales y los derechos de las comunidades afectadas. El Estado boliviano está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores, actores fundamentales para la vigencia de un Estado democrático respetuoso de los Derechos.


¿Qué es un defensor de derechos?

Los defensores son individuos, grupos e instituciones que promueven o procuran la realización efectiva de Derechos Humanos y libertades fundamentales. Son esenciales para la vigencia de la democracia y las políticas de mejora de las condiciones sociales, y económicas. El trabajo de promoción y protección que realizan las y los defensores les coloca en una situación de vulnerabilidad y alto riesgo frente a los intereses estatales y privados.


Dos defensores del pueblo Leco criminalizados por defender su tierra de la actividad minera

Según el abogado Erick Osvaldo, la comunidad indígena Leco de Santa Rosa de Cadima, ubicada en el municipio de Guanay, en La Paz, afronta la depredación de su territorio a causa de operaciones mineras ilegales. Estas son impulsadas por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), en coordinación con una empresa unipersonal creada por Mario Orihuela Aguirre, un comunario que, aprovechando de su posición como dirigente, obtuvo un poder de los comunarios para otorgar consentimiento ilegítimo en dichas acciones extractivas. Como consecuencia, se afectó a los terrenos donde funciona la unidad educativa del lugar, además de viviendas de algunos comunarios.

Ante la resistencia  y oposición a estas actividades que afectan a la vida de los habitantes de la comunidad, COFADENA y Mario Orihuela iniciaron procesos penales contra los dirigentes del lugar y contra uno de los propietarios de las viviendas afectadas. En este sentido, se ha evidenciado actos de criminalización de dos defensores, uno en detención domiciliaria, y otro detenido en el penal de San Pedro, en La Paz.

Es imperante recordar a las autoridades nacionales, departamentales, y municipales, que es deber del Estado garantizar que los defensores de derechos puedan cumplir con su labor, tomando las medidas necesarias para evitar que cualquier persona, ya sea autoridad pública, agente estatal o individuo particular, actúe de tal manera que impida el rol de defensa de estas personas. En este caso, no solo se ha obstruido el trabajo de quienes están detenidos, sino que, a partir de esta acción legal, se ha generado un clima de hostilidad contra otros defensores, pudiendo haberlos intimidado y así anular la oposición a las actividades extractivas ilegales y depredadoras.


Las listas de odio contra periodistas ponen en riesgo la defensa de los DDHH

Una publicación de la página de Facebook denominada P1ojo C4brón, publicada el 25 de octubre inició un listado de personas “de derecha que deben ser juzgados y linchados por la sociedad”, debido a su oposición y trabajo de denuncia contra los actos del Movimiento al Socialismo. Como consecuencia, comenzaron a circular varias listas en redes sociales, nombrando a periodistas y otros defensores de Derechos Humanos, entre los cuales están Andrés Gómez,Ximena Galarza, Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Abel Bellido Córdova (Abecor), Casimira Lema, Waldo Albarracín y Rolando Villena, entre otros.

Esta situación derivó en la publicación de un pronunciamiento conjunto entre la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz, denunciando que las “listas de odio” vulneran la libertad de expresión y atentan contra el acceso a la información, protegidos por la Constitución boliviana. Asimismo,  el pronunciamiento indica que estas listas evocan a los episodios más tristes del gobierno del MAS, caracterizado por asfixiar a los medios de comunicación independientes y provocar la autocensura de los periodistas.

En este sentido, es vital recordar que el trabajo de los periodistas se enmarca en la defensa de Derechos Humanos, aportando a que la sociedad pueda ejercer su derecho al acceso a la información, y así generar una dinámica social democrática. Las listas de odio mencionadas ponen en riesgo el trabajo de defensa inhibiendo a quienes, mediante sus acciones, aportan a un ejercicio pleno de Derechos Humanos.  


No se respetó la libertad de expresión de activistas de Ríos de Pie

El 28 de octubre, cuatro mujeres activistas iniciaron una protesta pacífica al ingreso del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Esta manifestación se oponía a la modificación de los reglamentos de las cámaras de diputados y senadores, disminuyendo el porcentaje de votos de dos tercios a 50% más 1 en la aprobación de algunas decisiones en la asamblea. Entre los tópicos que se decidirán por mayoría absoluta están impugnación contra senadores, eximición de una propuesta de ley respecto a su trámite formal, el cierre de debates, los ascensos a grados máximos de las FF.AA. y de la Policía Nacional, y el nombramiento de autoridades, entre otros.

Las activistas, que se sentaron en la vereda del ingreso a la Asamblea, fueron desalojadas de manera forzada por agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP), atentando así contra su Derecho a la Protesta.

Todo manifestante que reclame por los derechos de grupos específicos o de la ciudadanía en general, es considerado como defensor de Derechos Humanos. En este caso, el Estado boliviano debió respetar y proteger la protesta de las activistas porque, además de ejercer su libertad de expresión, actuaron como defensoras de derechos, denunciando un atentado contra la democracia boliviana. La intervención policial no está permitida mientras la protesta sea pacífica, aun si es que perjudica a la circulación, y mucho menos si es que inquieta a un grupo, partido o facción política.


Amenazas atentan los derechos de Waldo Albarracín y su hijo

El 20 de octubre de 2020, el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, denunció amenazas sufridas contra él, su hijo y su familia a través de redes sociales y su teléfono móvil, dos días después de las elecciones. Estas amenazas, en varios casos, eran de muerte. Como consecuencia de estos actos violentos, la organización Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente, mecanismo mediante el cual solicitaron al ministro de Gobierno otorgar las medidas de protección adecuadas para precautelar la integridad y la vida de ambos defensores.

Waldo y Franco, su hijo, son defensores de derechos reconocidos a nivel nacional e internacional, habiendo trabajado en su promoción y defensa en diversas ocasiones. Cabe recordar que, durante la gestión anterior de gobierno del Movimiento Al Socialismo, ambos fueron amedrentados constantemente, incluso por agentes policiales y autoridades oficialistas. Con base en este antecedente, los afectados infieren que las acciones de amenaza provienen de los denominados guerreros digitales, afines al MAS.

Los actos de amedrentamiento contra Waldo y Franco, además de atentar contra sus derechos como personas y defensores, aportan a un clima hostil en el que otros defensores podrían inhibirse en su trabajo por temor a las acciones de funcionarios públicos y personas particulares.


Gracias

El boletín Alerta Común es producido por el Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

Si tiene denuncias sobre vulneraciones a defensores de derechos puede contactarse con el Observatorio a través de:

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