Proceso electoral en Bolivia se ve asediado por la instrumentalización de la justicia y debilidad estatal para contener escalada de conflictos
Boletín N° 58.
Bienvenidas y bienvenidos al boletín N° 58 de Alerta Común, un espacio de denuncia a vulneraciones de las libertades fundamentales en Bolivia, elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
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Proceso electoral en Bolivia se ve asediado por la instrumentalización de la justicia y debilidad estatal para contener escalada de conflictos
Bolivia está atravesando un proceso electoral teñido por la instrumentalización de la justicia, la fragilidad y hostigamiento al Órgano Electoral, y la pérdida de institucionalidad por la debilidad o ausencia del Estado en la gestión del conflicto y las múltiples crisis, que han obligado a la movilización y protesta de sectores de la población, la más radical viene de seguidores del expresidente Evo Morales que, a través de bloqueos y la violencia, buscan la renuncia del presidente Luis Arce, la habilitación de su líder como candidato y la solución a la crisis económica. Este análisis se extrae de los datos documentados por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos sobre la situación de la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia.
Instrumentalización de la justicia en el proceso electoral
El proceso electoral rumbo a los comicios del 17 de agosto ha sido condicionado por decisiones judiciales, especialmente por salas constitucionales departamentales, como ocurrió en las pasadas elecciones judiciales. Estas instancias han interferido las funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitando su autoridad técnica y constitucional.
Destaca el fallo de la Sala Constitucional del Beni, que admitió una acción de cumplimiento contra el TSE promovida por Peter Beckhauser, solicitando la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Aunque dejó la decisión en manos del TSE, éste recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para suspender sus efectos y evitar un daño masivo al proceso electoral, dado que 80% de las organizaciones que participan en las actuales elecciones se verían afectadas por esta medida. Adicionalmente, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz anuló el congreso nacional del MTS —avalado por el TSE— tras un amparo de la exesposa de su líder, Maziel Terrazas, quien denunció vulneración de derechos políticos. Estas acciones reflejan una judicialización del proceso electoral que compromete la autonomía del órgano electoral.
El TCP emitió dos resoluciones sobre ambos casos. A través de la primera, rechazó la solicitud de inhabilitación del MTS para las elecciones presentada por Terrazas y, como segunda determinación, dispuso que se mantenga la inscripción de candidatos y se habilite al MTS para los comicios, dando curso así a la inscripción de Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia. Así también, el TCP ratificó la pérdida de personería de PAN-BOL, impidiendo la inscripción de Evo Morales a los comicios generales.
Lo ocurrido refleja un riesgo latente de instrumentalización de mecanismos constitucionales, como ya se evidenció en el proceso de las elecciones judiciales. Esta tendencia podría acentuar el desplazamiento de la jurisdicción electoral por decisiones judiciales, afectando la autonomía y autoridad del Tribunal Supremo Electoral, y generando incertidumbre sobre la integridad del proceso electoral.
Para el vocal del TSE, Francisco Vargas, las decisiones de Salas Constitucionales son un "sabotaje" al proceso electoral. "El sabotaje al proceso electoral viene desde las acciones legales que pretenden subordinar las decisiones del TSE a las Salas Constitucionales, y desde el asedio y presión constante de grupos movilizados en las oficinas del TSE (sic)", señaló.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé denunció esta práctica como una "manipulación abusiva y calculada de la justicia constitucional" que afecta el orden democrático, señalando cómo el TSE resigna su rol frente a medidas cautelares de instancias menores, muchas de ellas bajo control político.
Para el Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de UNITAS, la instrumentalización de la justicia en el proceso electoral genera serias preocupaciones en relación con los principios de independencia judicial, certeza jurídica y el derecho a la participación política.
Los artículos 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), garantizan el derecho de todo ciudadano a votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. La interferencia judicial en las funciones del Órgano Electoral, especialmente a través de decisiones que no respetan la autonomía del TSE, puede vulnerar este derecho al introducir incertidumbre y arbitrariedad en el proceso.
Por otro lado, si bien la supervisión judicial de los procesos electorales es legítima para garantizar la legalidad y los derechos humanos, la instrumentalización de la justicia a riesgo de subordinar sistemáticamente las decisiones de un Órgano Electoral independiente es contraria a los principios democráticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe gozar de autonomía para garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso.
La instrumentalización de la justicia alimenta la percepción de parcialidad. Frente a ello, es urgente aplicar principios fundamentales como el de preclusión electoral, que impide reabrir procesos concluidos, y el de autocontención judicial, que exhorta a las salas constitucionales a abstenerse de intervenir en decisiones político-electorales ya resueltas por los órganos competentes.
El incumplimiento de estos principios no solo socava la legitimidad del TCP como garante de la Constitución, sino que también profundiza la percepción de arbitrariedad y contribuye a la inestabilidad institucional.
Acoso contra el Órgano Electoral
Al mismo tiempo en que el sistema judicial condiciona técnicamente el proceso a las elecciones nacionales, el Órgano Electoral enfrenta un asedio creciente por parte de actores políticos y sociales. Amenazas de bomba, atentados con explosivos, acoso personal a vocales o la retención de vocales del TED de La Paz por parte de Ponchos Rojos son pruebas claras de una campaña de intimidación sistemática.
La madrugada del 30 de mayo, un explosivo detonó alrededor de la 1.40 de la madrugada, cerca de la puerta del domicilio de Humberto Valenzuela, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba.
Ese mismo día, dirigentes de sectores afines a Evo Morales, luego de una protesta realizada día antes en el TSE por la habilitación de éste, amenazaron a vocales electorales. “Tenemos identificado al señor (presidente del TSE) Hassenteufel, vive en (…). También tenemos identificado del señor (vocal) Tarhuichi Tahuichi”, declaró Enrique Mamani, dirigente de una organización indígena de interculturales.
El propio presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, advirtió a través de un medio de comunicación que “apoyen al Tribunal Electoral, estamos acosados”. El vocal Vargas mencionó que el acoso ha llegado al punto de que admitió considerar su renuncia: “No quiero ir preso”, declaró, ante el temor de persecución política por las decisiones que deban tomar.
El 3 de junio el TSE formalizó la petición de medidas cautelares ante la CIDH por amenazas y atentados que demuestra el grado de vulnerabilidad institucional en el que opera.
El TSE ha quedado en una posición ambigua: no tiene control sobre los fallos judiciales que condicionan su trabajo ni herramientas para proteger su independencia frente a la coacción política.
Para el Programa Defensores de UNITAS, el hostigamiento y acoso sistemático contra los miembros del Órgano Electoral constituyen una grave amenaza a la independencia y la integridad del proceso electoral, vulnerando directamente el derecho a la participación política y la seguridad personal.
Conforme la Observación General 25 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas las elecciones deben ser libres y equitativas, y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto. Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier candidato y a favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a referéndum o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores. Estos deberán poder formarse una opinión de manera independiente, libres de toda violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo. Además, debe establecerse una junta electoral independiente para que supervise el proceso electoral y garantice que se desarrolla en forma justa e imparcial y de conformidad con disposiciones jurídicas compatibles con el Pacto.
El acoso y la intimidación descritos socavan directamente esta independencia, generando un ambiente de miedo que puede influir en las decisiones de los vocales.
Además, las amenazas de bomba, atentados con explosivos y acoso personal constituyen claros ataques a la seguridad e integridad personal de los funcionarios electorales. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas, incluidos los funcionarios públicos, y de investigar y sancionar estos actos. El Estado tiene el deber de proteger a los funcionarios públicos que están realizando su labor legítima, especialmente en contextos sensibles como los procesos electorales.
Abandono del Estado y ausencia de mecanismos para controlar conflictos
A la crisis política se suma la económica que atraviesa Bolivia que se ha profundizado desde 2024 y que ha derivado en una espiral de violencia y conflictividad social. Un factor central de este deterioro ha sido la ausencia efectiva del Estado en el control y gestión de los conflictos, particularmente en contextos de bloqueos, tomas violentas y enfrentamientos entre sectores sociales polarizados.
Con las protestas del Magisterio Urbano de La Paz impedidas y reprimidas por la Policía entre marzo y abril, ya se advertía una tendencia del uso de la fuerza excesiva, improvisada y sin protocolos frente a demandas legítimas, como soluciones a la crisis económica.
La conflictividad fue escalando y se radicalizó con las movilizaciones de grupos afines a Evo Morales en la ciudad de La Paz, exigiendo su habilitación a las elecciones. La Defensoría del Pueblo denunció el uso indiscriminado de gases en esta movilización, integrada también por población en situación de vulnerabilidad —niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad— durante protestas en cercanías del Tribunal Supremo Electoral. Los excesos policiales también afectaron a periodistas y transeúntes.
Lo más grave, sin embargo, es la inacción del Estado ante los bloqueos violentos y ataques a civiles, especialmente en regiones como el Trópico de Cochabamba, Potosí y Oruro. Las tomas de la planta de YPFB en Cobija o del aeropuerto de Chimoré, el bloqueo de rutas estratégicas desde el 2 de junio ordenado por Evo Morales, la retención y agresión a personal médico, y el ataque y quema de ambulancias no solo paralizaron el acceso a servicios esenciales, sino que también pusieron en riesgo vidas humanas. El Estado no pudo prevenir estas acciones y en otros casos se replegó institucionalmente, como ocurrió con la orden de repliegue de fiscales y policías del Trópico cochabambino, dejando territorios enteros abandonados y al control de grupos irregulares.
En el caso de Llallagua, uno de los primeros enfrentamientos entre vecinos y bloqueadores ‘evistas’ dejaron decenas de heridos, saqueos y un caos generalizado sin presencia policial preventiva. Este hecho confirma que la ausencia del Estado no es solo funcional, sino también territorial.
En el intento de restablecer el orden y la paz en Llallagua, el Estado desplegó un operativo policial para desbloquear la carretera principal, pero la Policía se vio interrumpida por una arremetida armada de los bloqueadores evistas, ocurrida el 11 de junio, lo que derivó en la muerte de tres policías y el incremento a más de 60 heridos. A estos tres policías, se suma otro que fue encontrado muerto por disparo de arma de fuego en Cochabamba.
Finalmente, el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de investigar amenazas anónimas que exigen la habilitación de Evo Morales como candidato, catalogándolas como actos subversivos, demuestra que incluso los órganos más altos del sistema judicial perciben un riesgo latente para la estabilidad constitucional.
Para el programa Defensores de UNITAS, la inacción estatal ante contextos de conflictividad social marcados por violencia, bloqueos y ataques a civiles, así como el repliegue institucional de las fuerzas de seguridad, configura una grave situación de desprotección que vulnera derechos fundamentales como la seguridad personal, el acceso a servicios esenciales y la garantía del orden público bajo estándares de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Dicha omisión contraviene el deber de garantía consagrado en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Este deber, tal como lo ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado no solo a respetar los derechos humanos, sino también a prevenir su violación, investigarla con debida diligencia, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
En ese sentido, la Corte estableció que la responsabilidad internacional del Estado puede surgir por omisión, cuando no adopta medidas razonables para prevenir o responder ante violaciones cometidas por terceros (caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras).
Asimismo, el Estado tiene la obligación de organizar su aparato institucional para garantizar efectivamente los derechos humanos y su inacción frente a riesgos previsibles puede constituir una vulneración del deber de protección. Por tanto, el retiro o pasividad estatal frente a actos de violencia no solo debilita la institucionalidad democrática, sino que puede dar lugar a responsabilidad internacional por omisión, equiparable a tolerancia o aquiescencia frente a violaciones de derechos humanos perpetradas por actores no estatales.
La situación de las libertades fundamentales en Bolivia
Puede visitar el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas para conocer datos actualizados sobre el estado de las libertades fundamentales en Bolivia (las libertades de expresión, de prensa, de asociación o de reunión pacífica), el derecho a defender derechos y la institucionalidad democrática.
De nuestro periódico digital Sumando Voces:
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