Sociedad civil alerta “debilidades estructurales” en el decreto que crea el Comité de Protección de Defensores de DDHH
Boletín N° 66.
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Sociedad civil alerta “debilidades estructurales” en el decreto que crea el Comité de Protección de Defensores de DDHH
Luego de varios años en que organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales demandaran al Estado boliviano la adopción de una política pública integral de protección para defensores de derechos, el Gobierno saliente aprobó el Decreto Supremo 5478, que crea el Comité de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos (CPROTEGE-DDHH), aunque su elaboración se realizó sin un proceso amplio de participación ni espacios de diálogo con las organizaciones, redes y personas que ejercen diariamente la defensa de los derechos humanos en Bolivia.
A través de una carta pública, dirigida a la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, 41 organizaciones de la sociedad civil boliviana expresaron que la ausencia de participación de las personas defensoras de derechos humanos en la elaboración de este decreto es una contravención al principio de participación, exhortada por las Naciones Unidas, a través de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos (1998), que le da potestad a toda persona defensora de formular propuestas o críticas al Estado con miras a mejorar su labor.
En el documento, además, se enumeran cinco “debilidades estructurales” que contiene este decreto: no prevé presupuesto ni autonomía para el comité; su independencia se ve comprometida al estar bajo control del Ministerio de Justicia; no contempla una perspectiva integral de defensa que incluya medidas de prevención, reparación o análisis de riesgos; no brinda garantías de confidencialidad a la generación de una base de datos de personas defensoras y no incorpora mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.
“Rechazamos los alcances del Decreto Supremo Nº 5478 en su forma actual y exigimos su revisión, rediseño y complementación, mediante un proceso amplio, plural y transparente, con la participación directa y efectiva de las organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, movimientos de mujeres, juventudes, colectivos LGBTIQ+ y todos los actores sociales comprometidos con la defensa de derechos en Bolivia”, declararon las organizaciones en esta carta pública que fue enviada al Ministerio de Justicia el 5 de noviembre.
Desde 2014 exhortaron al Estado proteger a defensores de derechos y periodistas
El decreto del presidente Luis Arce fue aprobado el 22 de octubre de 2025, pero son muchos años, de acuerdo con datos del Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS, en los que varias instancias nacionales e internacionales recomendaron al Estado boliviano crear una política pública integral y mecanismos de protección para defensores de derechos, en los que se incluyen a periodistas, representantes y pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y ecologistas. Se hace especial énfasis a que estas medidas estén especialmente dirigidas a defensores del medioambiente y del territorio. Incluso en 2023 se pidió que esta política sea elaborada participativamente.
Por ejemplo, en 2014, el Estado de Chequia, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), recomendó a Bolivia “garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la realización de investigaciones eficaces e imparciales sobre amenazas y ataques dirigidos en su contra”.
En 2019, en la misma instancia, Chequia, España, Australia, Bélgica, Finlandia, Islandia, Chile y Suecia instaron al Estado boliviano a “garantizar un entorno seguro y propicio”, un “marco normativo y mecanismos operativos” y “medidas concretas” para proteger a las y los defensores de derechos humanos, incluidos periodistas y, en algunos casos, con énfasis en mujeres defensoras y defensores medioambientales, con el fin de que puedan realizar su labor sin “intimidación”, “hostigamiento”, “agresiones” o “represión”.
En 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales demandó a Bolivia “adoptar una política integral de protección de los defensores de derechos económicos, sociales y culturales que incluya medidas para prevenir ataques, en particular contra pueblos indígenas…”.
En 2022, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también recomendó al país a “redoblar sus esfuerzos para prevenir los actos de hostigamiento e intimidación contra defensores de derechos humanos y periodistas, así como garantizar su oportuna y efectiva protección”.
En 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial exhortó a Bolivia investigar los ataques a defensores, especialmente de pueblos indígenas, del pueblo afroboliviano y la población migrante, además de adoptar “una política y un programa de protección”, garantizando “consultas amplias y adecuadas con todas las partes interesadas durante su diseño, implementación y monitoreo”.
En 2025, también en el marco del EPU, nueve países (Estonia, Malta, Liechtenstein, Bélgica, República de Corea, Finlandia, Alemania, Israel e Irlanda) recomendaron al país formular “una política pública integral” o “un marco jurídico” de protección integral para defensores de derechos, sobre todo a quienes defienden el medioambiente y el territorio. Se incluyen a periodistas, ecologistas, mujeres defensoras e indígenas o representantes indígenas.
Para el Programa de Defensa de Derechos de UNITAS, los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos solo serán efectivos si son integrales, autónomos y construidos participativamente, garantizando prevención, protección, reparación y rendición de cuentas, tal como lo señalan los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aquí puede leer la carta enviada al Ministerio de Justicia por las 41 organizaciones:
La situación de las libertades fundamentales en Bolivia
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